El Perú lleva varios años creciendo por debajo de su potencial. Con tasas que no superan el 4%, el país se aleja del ritmo necesario para reducir la pobreza y generar empleo formal de manera sostenida. El debate político monopoliza la agenda pública mientras los indicadores económicos envían señales que merecen atención urgente.
En el contexto internacional, el economista Nouriel Roubini —quien anticipó la crisis financiera global de 2008— viene advirtiendo sobre los riesgos de recesión global para los próximos años. Sus proyecciones incluyen el impacto de las guerras comerciales, el endurecimiento monetario en los países desarrollados y el sobreendeudamiento corporativo. Para una economía abierta y dependiente del precio de las materias primas como la peruana, estos factores externos tienen consecuencias directas.
La inversión que no llega
Los datos son elocuentes. La inversión pública se contrajo 10,4% en el período analizado, resultado de la parálisis de los gobiernos regionales y locales por los escándalos de corrupción vinculados al caso Odebrecht y sus ramificaciones. Las obras de infraestructura —hospitales, carreteras, sistemas de agua y saneamiento— quedaron congeladas en miles de municipios mientras sus alcaldes enfrentaban investigaciones fiscales.
La inversión privada, por su parte, cayó 1,4%. Los empresarios —nacionales y extranjeros— adoptan una actitud de espera frente a la incertidumbre política. El ruido institucional, los cambios abruptos de gabinete y la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo generan un ambiente poco propicio para decisiones de largo plazo.
El costo de la política
La crisis política peruana de los últimos años tiene un costo económico concreto que rara vez se cuantifica en el debate público. Cada mes de parálisis legislativa, cada semana de incertidumbre sobre la continuidad del gobierno, cada nombramiento y remoción de ministros tiene un precio: proyectos no ejecutados, empleos no creados, impuestos no recaudados.
Los ciudadanos pagan este costo de manera difusa pero real: en servicios públicos que no mejoran, en brechas de infraestructura que se amplían, en oportunidades económicas que se postergan. El contribuyente financia al Estado peruano —con sus impuestos directos e indirectos— y recibe a cambio una administración atrapada en sus propias disputas.
Lo que necesita la economía peruana
La agenda económica pendiente es larga y bien conocida. Lo que falta no es diagnóstico sino voluntad política para ejecutar:
- Destrabar los proyectos de infraestructura paralizados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos y APP
- Simplificar el marco regulatorio para reducir los costos de formalización empresarial
- Reformar el servicio civil para profesionalizar la gestión pública y mejorar la ejecución presupuestal
- Establecer reglas claras y estables para la inversión en sectores extractivos
- Fortalecer el sistema de justicia como condición necesaria para la seguridad jurídica de los contratos
Ninguna de estas reformas requiere genialidad económica. Todas ellas exigen algo más escaso en el Perú de hoy: estabilidad política y enfoque en los resultados concretos para los ciudadanos.
El contribuyente como principal afectado
En medio de la disputa política, el contribuyente peruano es el gran ausente del debate. Es quien financia al Estado, quien sufre los servicios deficientes, quien enfrenta la burocracia, quien paga el costo de la informalidad que los propios impuestos incentivan cuando son excesivos.
Más economía y menos política no es un eslogan vacío. Es una demanda legítima de quienes trabajan, producen y pagan sus impuestos esperando que el Estado cumpla con su parte del contrato social: brindar servicios esenciales de calidad y crear las condiciones para que la economía crezca y genere bienestar de manera sostenida.
El Perú tiene los recursos naturales, el capital humano y la posición geográfica para crecer de manera vigorosa. Lo que le falta es un Estado a la altura de esas oportunidades. Ese Estado solo se construye cuando la clase política decide priorizar el país sobre sus propias disputas.