Mi padre psiquiatra tenía una colección de novelas de suspenso que, de niño, me fascinaban. Una de ellas era El hombre terminal (1972) de Michael Crichton, en la que un paciente con epilepsia era tratado con camisas de fuerza, un recurso que reflejaba el miedo al desconocimiento antes que la comprensión médica. El burócrata es como ese doctor de hace cincuenta años: no entiende cómo funciona la economía, pero igual intenta controlarla.
«El burócrata es como un doctor de hace 50 años. No entiende cómo funciona la economía, pero igual quiere controlarla.»
La Ley 30947, Ley de Salud Mental, recientemente promulgada, tiene buenas intenciones en cuanto al acceso a la salud mental. Sin embargo, su implementación contiene disposiciones que, sin sustento técnico ni diálogo con el sector privado y académico, imponen cargas innecesarias al sistema de salud peruano.
Tres problemas concretos
1. El impacto en costos
La ley obliga a las farmacias a mantener un stock de seguridad del 30% de medicamentos psicotrópicos. Esto genera costos de almacenamiento tanto para establecimientos privados como públicos. En el caso del sector público, esos costos son subsidiados directamente por los contribuyentes.
Almacenar medicamentos psicotrópicos no es trivial: requieren condiciones especiales de temperatura y humedad, sistemas de vigilancia reforzados por su naturaleza controlada, y personal capacitado para su manejo. Exigir un colchón del 30% a nivel nacional representa una inversión significativa en infraestructura que no necesariamente se traduce en mejor atención al paciente.
2. El porcentaje es arbitrario
No existe ningún estudio epidemiológico actualizado que justifique un requerimiento uniforme del 30% en todas las regiones del país. La demanda de medicamentos psicotrópicos varía significativamente entre regiones con diferentes perfiles demográficos y de salud mental. Una norma uniforme para todo el territorio ignora esta heterogeneidad y genera sobrecostos en zonas donde la demanda es menor.
Las políticas de salud pública eficaces se diseñan con base en evidencia, no en cifras redondas que suenan prudentes. La pregunta que la ley no responde es: ¿por qué 30%? ¿Por qué no 20% o 40%?
3. Existe un modelo alternativo superior
EsSalud ha implementado exitosamente un modelo de gestión de inventarios dinámica "justo a tiempo" (just-in-time) a través de asociaciones con el sector privado. Este enfoque es superior al modelo estático de "por si acaso" (just-in-case) que impone la ley, porque:
- Reduce el capital inmovilizado en inventario
- Disminuye el riesgo de vencimiento de medicamentos
- Permite ajustar la oferta a la demanda real de cada establecimiento
- Aprovecha la capacidad logística del sector privado
Una llamada a la evidencia
Las buenas intenciones no son suficientes para diseñar buenas políticas públicas. El Perú necesita regulaciones en salud mental que partan de la evidencia, que dialoguen con los actores del sistema —prestadores, farmacéuticos, pacientes y académicos— y que busquen soluciones innovadoras antes que imponer cargas uniformes a todos los establecimientos del país.
La camisa de fuerza era la respuesta del médico que no entendía la enfermedad. La norma uniforme del 30% es la respuesta del burócrata que no entiende el mercado. Ambas parten del control como primera respuesta, cuando la comprensión debería serlo.