"Que los que tengan más paguen más": con esta frase el ministro de Economía Pedro Francke ha intentado construir apoyo popular para las facultades delegadas en materia tributaria. El slogan apela a un sentimiento de justicia distributiva que es legítimo en abstracto, pero que en el contexto del debate tributario peruano sirve para cubrir una operación que tiene más de cogoteo fiscal que de reforma estructural.
El discurso oficial construye una narrativa de "Estado bueno, empresario malo" mientras intensifica la presión sobre los contribuyentes que ya cumplen, sin ofrecer ninguna respuesta al problema central: millones de personas y negocios que operan completamente fuera del sistema tributario.
El argumento que no cierra
El gobierno ha recurrido con frecuencia a comparaciones internacionales para justificar su propuesta. El caso más citado es el incumplimiento del IGV: Perú registraría un 38,1% de incumplimiento frente al 16,4% de México. La conclusión implícita es que el Perú recauda mal y que hay espacio para más recaudación.
Pero la comparación omite diferencias estructurales fundamentales. La tasa del IGV en México es del 16%, mientras que en Perú es del 18%. La base de aplicación es distinta, el universo de exoneraciones difiere, y el nivel de formalización económica entre ambos países presenta brechas enormes. Comparar tasas de incumplimiento sin controlar por estas variables es estadísticamente engañoso y políticamente conveniente, pero no sirve para diseñar política pública seria.
Por qué el diagnóstico importa
Antes de legislar, una reforma tributaria responsable necesita un diagnóstico técnico riguroso: ¿cuánto recauda actualmente el sistema sobre cada tipo de contribuyente? ¿Cuál es la carga efectiva sobre la economía formal comparada con la economía informal? ¿Cuáles son los sectores con mayor brecha de cumplimiento y cuáles son sus causas específicas?
Sin ese diagnóstico, la reforma se convierte en un ejercicio de presión sobre los sectores más visibles y más fáciles de fiscalizar —las empresas formales— mientras los sectores con mayor evasión quedan intactos. El resultado no es más justicia tributaria: es más carga sobre los mismos contribuyentes de siempre.
Una reforma genuina también requiere objetivos numéricos concretos y transparencia total sobre el gasto público: ¿en qué se gastarán los S/ 12 000 millones adicionales? ¿Qué programas se financiarán? ¿Con qué mecanismos de control y rendición de cuentas? Sin esas respuestas, la reforma es un cheque en blanco.
Lo que una reforma real necesita
La participación universal basada en capacidad contributiva es el principio rector de cualquier sistema tributario equitativo. En el Perú, ese principio es papel mojado mientras el 75% de la economía opera en la informalidad. Gravar más a quienes ya tributan no amplía la base: la reduce, al hacer menos rentable la formalidad.
El Congreso tiene la responsabilidad de no delegar facultades sin condiciones. Debe exigir que toda reforma incluya medidas concretas de ampliación de base, objetivos de reducción de la informalidad con plazos medibles, mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos adicionales, y fortalecimiento institucional de los organismos de control. Sin esas garantías, la discusión sobre quién paga más se convierte en una distracción de la pregunta que realmente importa: ¿por qué tantos no pagan nada?