El Ejecutivo ha solicitado facultades delegadas por cuatro meses para llevar adelante una reforma del sistema tributario con una meta ambiciosa: recaudar S/ 12 000 millones adicionales antes del cierre del ejercicio fiscal. El diagnóstico oficial apunta a cerrar brechas de evasión y elusión, y a modernizar una estructura impositiva que considera desactualizada.
Sin embargo, un análisis cuidadoso de las medidas propuestas revela un patrón que el contribuyente formal conoce bien: la carga recaerá, una vez más, sobre quienes ya están dentro del sistema. La pregunta que debería guiar el debate —¿cómo se amplía la base tributaria?— brilla por su ausencia en el paquete presentado al Congreso.
Las medidas propuestas
El paquete tributario contempla modificar la tasa del Impuesto a la Renta corporativo, actualmente fijada en 29,5%, junto con una revisión de las deducciones y gastos deducibles permitidos a las empresas. Se eliminarían o restringirían beneficios existentes que hoy reducen la base imponible de numerosas compañías formales.
Adicionalmente, se propone aplicar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a plataformas digitales como Netflix, Spotify y Uber, que hasta ahora operan sin trasladar este gravamen al consumidor peruano. La medida tiene lógica recaudatoria, pero su costo será absorbido por el usuario final, no por las corporaciones tecnológicas. Por último, se plantea la creación de un nuevo régimen unificado para mypes que eliminaría el Régimen Único Simplificado (RUS), el Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT), fusionándolos en una sola estructura.
El problema que se evita: ampliar la base
El dato estructural más relevante del sistema tributario peruano no aparece en el discurso oficial: solo 3 de cada 10 peruanos contribuye efectivamente al fisco. La informalidad supera el 70% de la fuerza laboral, y vastos sectores de la economía —comercio ambulatorio, construcción informal, servicios no declarados— operan al margen del IGV y del Impuesto a la Renta.
Esa realidad genera una distorsión grave: la presión tributaria efectiva sobre la economía formal alcanza el 39,8%, cifra que coloca al contribuyente peruano entre los más cargados de América Latina cuando se mide su aportación real en proporción a sus ingresos declarados. Incrementar tasas o restringir deducciones a quienes ya tributan no resuelve el problema; lo agrava.
Una reforma que no incluya mecanismos concretos para incorporar a la economía informal al sistema —incentivos para la formalización, simplificación del cumplimiento, reducción de barreras de entrada— no es una reforma tributaria en sentido estricto. Es un ajuste de carga sobre los mismos de siempre.
Lo que el contribuyente formal ya soporta
El contribuyente formal peruano no solo paga impuestos; paga impuestos y financia, con sus tributos, servicios públicos que en muchos casos no recibe o recibe en condiciones deficientes. Las empresas formales cargan con el IGV, el Impuesto a la Renta, las contribuciones a ESSALUD, las aportaciones al sistema de pensiones y múltiples tributos municipales. La acumulación de obligaciones representa un costo de cumplimiento significativo que opera como desincentivo permanente a la formalización de nuevas actividades.
Antes de sumar carga a ese universo, el Estado tiene la obligación de demostrar que administra eficientemente los recursos que ya recibe. La pregunta legítima no es cuánto más se puede recaudar, sino en qué se gastará y por qué no alcanza lo que ya se recauda. La verdadera reforma tributaria pendiente en el Perú no empieza por las tasas: empieza por ampliar la base y por garantizar que cada sol recaudado se traduzca en servicios reales para la ciudadanía.