El gobierno solicita al Congreso facultades delegadas para modificar el sistema tributario con el objetivo declarado de recaudar 12 000 millones de soles adicionales antes de 2022. La pregunta que nadie en el Ejecutivo parece querer responder es una sola: ¿en qué se gastará ese dinero?
Los contribuyentes peruanos no son accionistas de una empresa privada que confía ciegamente en su directorio. Son los financistas de un Estado que tiene la obligación legal y ética de rendir cuentas por cada sol recaudado. Y antes de autorizar nuevos ingresos, tienen todo el derecho de exigir que se demuestre que los actuales se usan bien.
El Estado que no ejecuta
Los números son contundentes. La Contraloría General de la República reporta 2 445 proyectos paralizados en todo el país, con una inversión comprometida que supera los 18 000 millones de soles. Hospitales a medio construir, carreteras abandonadas, sistemas de agua que nunca llegaron a funcionar.
A eso se suman presupuestos que año tras año quedan sin ejecutar. En promedio, los gobiernos subnacionales devuelven al Tesoro 17 000 millones de soles anuales que no lograron gastar. El problema no es la falta de recursos: es la incapacidad del aparato estatal para convertir dinero en servicios concretos para los ciudadanos.
El costo de la corrupción
A la ineficiencia se suma la corrupción. Estimaciones del propio sector público calculan que la corrupción representa alrededor del 16% del gasto en inversión pública. Cada sol que se pierde en coimas, sobreprecios y contrataciones irregulares es un sol que no llega a las escuelas, los hospitales ni las vías que el contribuyente necesita.
En ese contexto, pedirle al ciudadano que entregue más recursos al Estado sin antes demostrar que puede administrar los actuales con responsabilidad no es una reforma tributaria: es una exigencia sin respaldo.
El contribuyente como accionista
Quien paga impuestos es, en los hechos, un accionista del Estado. Financia su operación, su infraestructura, sus servicios. Y como todo accionista, tiene derecho a exigir resultados antes de autorizar un aumento de capital.
Eso implica transparencia real sobre en qué se gasta cada sol recaudado, rendición de cuentas efectiva de las autoridades, mecanismos de control concurrente para evitar que la corrupción siga drenando el erario, y evidencia de que los nuevos impuestos se destinarán a mejorar servicios concretos y no a cubrir ineficiencias acumuladas.
Mientras esas condiciones no estén garantizadas, la postura del contribuyente peruano es legítima y razonable: primero más servicios. Luego, podremos hablar de más impuestos.