Cuando uno va a un restaurante y paga su cuenta, tiene el derecho —y la costumbre— de pedir un comprobante que detalle qué consumió y cuánto pagó por cada ítem. Nadie cuestionaría esa práctica. Sin embargo, cuando el mismo ciudadano paga sus impuestos al Estado, la lógica se invierte: entrega dinero sin recibir nada que detalle en qué se utilizará, quién lo administrará, ni con qué resultados esperados.
En Norteamérica y Europa esta asimetría no existe. Los gobiernos envían anualmente a cada contribuyente un desglose personalizado de en qué se gastaron sus impuestos: qué porcentaje fue a educación, cuánto a salud, cuánto a defensa, cuánto a infraestructura. Es el "comprobante" del Estado. En el Perú, ese comprobante nunca llega.
El comprobante que nunca llega
La analogía del restaurante no es caprichosa. En ambos casos hay una transacción: el ciudadano entrega recursos y espera recibir algo a cambio. La diferencia es que en el restaurante la transacción es voluntaria y el comprobante es obligatorio. Con los impuestos, la transacción es obligatoria y el comprobante es inexistente.
En los países con mayor desarrollo institucional, la rendición de cuentas tributaria es tan rutinaria como la declaración de impuestos. Los ciudadanos saben cuánto pagaron, ven en qué se gastó, y pueden comparar esa información con los servicios que efectivamente recibieron. Esa transparencia tiene un efecto directo sobre el cumplimiento voluntario: cuando la gente ve que sus impuestos se usan bien, tiene más razones para pagar.
Lo que el Estado nos debe
Ser contribuyente en los países desarrollados equivale, en la práctica, a acceso garantizado a educación pública de calidad comparable a la privada, atención médica gratuita y completa, infraestructura vial y de servicios de primer nivel, y sistemas de protección social que funcionan cuando se los necesita. El contribuyente recibe un retorno tangible por lo que entrega.
En el Perú, las tasas impositivas sobre los contribuyentes formales se acercan a las de los países desarrollados —IGV del 18%, IR hasta el 29,5%— pero la calidad y cobertura de los servicios públicos dista enormemente de ese estándar. El contribuyente peruano paga tarifas de primer mundo y recibe servicios que no corresponden a ese nivel. Esa brecha es la fuente más profunda de la desconfianza ciudadana hacia el sistema tributario.
La corrupción como robo al contribuyente
Estimaciones del sector público y de organismos independientes sitúan el costo de la corrupción en el Perú en alrededor del 3% del PBI anual. En términos prácticos, eso significa que por cada 100 soles que el Estado recauda, aproximadamente 3 soles son desviados a través de actos corruptos —sobornos, sobreprecios en contratos, malversación de fondos— antes de llegar a los servicios para los que fueron destinados.
Esos no son soles del Estado: son soles del contribuyente. Cada sol que se pierde en corrupción es un sol que no llegó al hospital, a la escuela o a la carretera. La corrupción no solo es un delito; es un robo directo al ciudadano que cumplió con sus obligaciones fiscales. Reconocer eso en el debate público es el primer paso para exigir la rendición de cuentas con la urgencia que merece.
Cómo exigir la rendición de cuentas
La rendición de cuentas no es un favor que el Estado concede: es una obligación legal derivada del artículo 82 de la Constitución, que encarga a la Contraloría General de la República la supervisión de la legalidad del gasto público. Los ciudadanos tienen el derecho de solicitar información a cualquier entidad pública a través del portal de Transparencia Estándar, acceder a los portales de ejecución presupuestal del MEF, presentar solicitudes de acceso a la información bajo la Ley N.° 27806, y denunciar irregularidades ante la Contraloría, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.
Ejercer esos derechos no es activismo político: es el cumplimiento del rol que corresponde a todo ciudadano en una democracia que funciona. El contribuyente honesto no solo tiene el derecho de exigir rendición de cuentas; tiene el deber cívico de hacerlo.