El paquete tributario presentado por el gobierno para obtener facultades delegadas contiene medidas orientadas a incrementar la recaudación sobre los contribuyentes ya formalizados. Sin embargo, el problema estructural que más daño hace al sistema fiscal peruano —una informalidad que asciende al 75% de la actividad económica— no recibe ninguna respuesta concreta en las propuestas oficiales.

La Asociación de Contribuyentes del Perú plantea cinco iniciativas basadas en incentivos reales a la formalización, al cumplimiento voluntario y a la ampliación genuina de la base tributaria. Estas propuestas no buscan aumentar la presión sobre quienes ya tributan: buscan hacer que más peruanos quieran y puedan incorporarse al sistema.

El diagnóstico que el gobierno evita

Tres de cada cuatro peruanos opera fuera del sistema tributario formal. Esa realidad no es solo una estadística: representa millones de transacciones diarias sobre las que el Estado no recauda IGV, millones de trabajadores que no aportan al sistema de pensiones, y miles de negocios que compiten deslealmente con quienes sí cumplen sus obligaciones.

Una reforma tributaria que no aborde la informalidad no es una reforma: es un ajuste de tasas sobre el mismo universo de contribuyentes cautivos. El costo político y social de esa omisión es enorme: desalienta a los formales, que perciben que su esfuerzo los pone en desventaja frente a quienes no cumplen, y no genera los ingresos sostenibles que el Estado necesita para financiar sus funciones básicas.

Las cinco propuestas

La primera propuesta es la implementación de una Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta simplificada para todos los ciudadanos, que funcione como requisito previo para acceder a programas estatales. No se trata de exigir pago —quien no tiene ingresos gravados no paga— sino de construir un registro universal que permita al Estado identificar quién existe fiscalmente y quién no.

La segunda propuesta es la devolución parcial del IGV de compras electrónicas hacia fondos de pensiones y hacia aportes de salud. Destinar el 2% del IGV de compras verificables mediante medios de pago digital a cuentas individuales de pensiones, y otro 2% a aportes de salud, crea un incentivo poderoso para que el ciudadano exija comprobante y prefiera la formalidad.

La tercera propuesta es un régimen especial del Impuesto a la Renta con opción de pago mensual sobre ventas para sectores con alta informalidad. Una tasa reducida y fija sobre los ingresos brutos, sin necesidad de llevar contabilidad compleja, hace que el cumplimiento sea más simple que el incumplimiento para miles de pequeños negocios.

La cuarta propuesta es un régimen de incorporación fiscal de diez años para negocios familiares, con tasas progresivas que crecen gradualmente y obligación de emisión de comprobantes electrónicos desde el inicio. Este modelo, inspirado en la experiencia mexicana, da tiempo y herramientas para la transición sin penalizar el crecimiento desde el primer año.

La quinta propuesta es la creación de zonas francas nacionales en regiones con menor desarrollo, orientadas a atraer inversión en turismo, tecnología y sectores estratégicos. Los incentivos tributarios focalizados en geografías específicas han demostrado su efectividad para detonar actividad económica formal en contextos donde la informalidad domina por falta de alternativas rentables.