"En esta vida nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos." La frase, atribuida a Benjamin Franklin, resume con humor una realidad que cualquier contribuyente formal peruano siente en carne propia: pagar impuestos es inevitable, pero eso no impide que duela. La pregunta es por qué duele tanto, y si ese dolor tiene una explicación más profunda que el simple hecho de ver reducido el ingreso disponible.
La respuesta tiene varias capas, y entenderlas es fundamental para diseñar un sistema tributario que no solo recaude, sino que genere adhesión ciudadana y cumplimiento voluntario genuino, no coercitivo.
El Estado como accionista privilegiado
Cuando una persona o empresa tributa en el Perú, entrega al Estado entre el 8% y el 29,5% de sus ingresos —según el tipo de contribuyente y el régimen aplicable— sin que el Estado haya aportado capital propio al negocio, sin que haya asumido riesgo y sin que haya participado en el esfuerzo productivo que generó esos ingresos. Es, en los hechos, el accionista más privilegiado que existe: cobra sin haber invertido.
Esa asimetría no es por sí sola injusta —los impuestos tienen una función social legítima— pero se vuelve insoportable cuando el contribuyente percibe que su "socio obligatorio" no cumple con su parte del trato. El Estado exige pero no entrega. Recauda pero no ejecuta. Administra pero no rinde cuentas.
El mayor desincentivo: la desconfianza
La frustración del contribuyente peruano no proviene solo del monto que paga. Proviene de la sospecha fundada —alimentada por años de escándalos de corrupción, proyectos paralizados y servicios públicos deficientes— de que los recursos serán mal utilizados o dirigidos a "bolsillos sin escrúpulos", como ha reconocido en algún momento la propia clase política.
Esa percepción es el mayor desincentivo para el cumplimiento voluntario. Estudios sobre comportamiento fiscal muestran consistentemente que los contribuyentes son más propensos a cumplir cuando confían en que el gobierno gastará bien los recursos. En el Perú, esa confianza es uno de los activos más escasos del sistema tributario.
El contraste con los negocios informales agrava la sensación de injusticia. El ambulante que opera a la vista del Estado, el taller sin registro que trabaja a plena luz del día, el proveedor de servicios que factura en efectivo sin comprobante: todos operan sin pagar impuestos, compiten en el mismo mercado, y muchas veces con menores costos. El contribuyente formal no solo paga: paga y compite en desventaja frente a quien no paga.
Lo que exige la justicia tributaria real
La justicia tributaria real no se agota en el principio de capacidad contributiva, aunque ese principio es fundamental. Implica también que quienes tienen la misma capacidad contribuyan en igual medida, sin importar si están en el sector formal o informal. Un sistema donde solo los formales tributan no es justo por definición, sin importar cuán progresiva sea su escala de tasas.
Implica además que el Estado gestione eficientemente los recursos que recibe, rinda cuentas públicas de su uso, y demuestre con resultados concretos que la recaudación se traduce en servicios de calidad. El contribuyente honesto merece un Estado que rinda cuentas a la altura de lo que se le exige. Mientras esa ecuación no se cumpla, el dolor de pagar impuestos seguirá siendo un dolor legítimo, no una queja sin fundamento.