Más de 100 mil trabajadores perderían su empleo y unas mil empresas quedarán expuestas al riesgo de quiebra. Ese es el resultado del análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú sobre el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a finales de febrero, que prohíbe la tercerización laboral para actividades consideradas como parte del núcleo del negocio, otorgando a las empresas un plazo de 180 días para adecuarse.

La tercerización laboral es un mecanismo legal de contratación que delega actividades, proyectos o servicios especializados a empresas terceras. Este modelo ha impactado positivamente en el mercado laboral peruano, la productividad y la competitividad empresarial.

La decisión del MTPE carece de sustento técnico, tal como lo advirtió previamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Representa riesgos serios para el empleo formal y las empresas que operan bajo este modelo, pudiendo exponer unidades productivas a la quiebra o a la informalidad.

La Asociación de Contribuyentes del Perú cuantificó los riesgos: más de 71,000 empleos formales perdidos en micro, pequeñas y medianas empresas, más 43,000 en empresas más grandes, junto con aproximadamente 1,000 firmas que enfrentan riesgo de quiebra. Todo ello obstaculizaría la recuperación económica y la restauración de los niveles de empleo previos a la pandemia.

La norma introduce el concepto de "núcleo del negocio", un término indefinido y subjetivo, ausente de la legislación vigente y que carece de criterios objetivos de definición. Esto ignora que el Perú ya regula la tercerización laboral a través de la Ley 29245, con estándares, reglas, requisitos y sanciones claros.

El MTPE sostiene que la tercerización indiscriminada perjudica los derechos de los trabajadores, pero la medida ignora el problema central: el abuso empresarial y la incapacidad del Estado para identificar y sancionar a los infractores.

Foro sobre tercerización y competitividad

La Asociación de Contribuyentes del Perú recomienda la derogación del DS 001-2022-TR y programó para el 8 de junio un foro sobre tercerización y competitividad en el auditorio "Alberto Andrade Carmona" del Poder Legislativo, transmitido en vivo por las plataformas digitales de la institución.