Un impuesto nuevo en una economía frágil
En un país en vías de desarrollo que ha salido de una recesión y ha experimentado alta inflación, como el Perú, crear nuevos impuestos o aumentar los existentes puede ser contraproducente. La recesión implica una caída en la actividad económica, por lo que gravar más a ciudadanos y empresas podría frenar aún más el consumo y la inversión. Además, en un entorno de alta informalidad, muchos contribuyentes simplemente evadirán los nuevos impuestos, aumentando la carga sobre quienes sí cumplen. En lugar de subir impuestos, es preferible mejorar la eficiencia en la recaudación, controlar el gasto público —especialmente el corriente—, reducir la evasión y considerar políticas de estímulo que reaviven la economía.
El contexto lo confirma: después de un período de alta inflación que elevó los precios en un 10% pospandemia, el crecimiento proyectado para 2024 es apenas del 3%, insuficiente para un país en desarrollo, y solo en junio de 2024 la economía creció apenas 0.24%. A ello se suma una informalidad que supera el 70% de la fuerza laboral, lo que limita la efectividad de las políticas tributarias y erosiona la base fiscal.
Cómo funciona el impuesto y a quién golpea
El Decreto Legislativo N° 1623 introduce un IGV del 18% sobre servicios digitales como Netflix, Uber y Dropbox, con el objetivo de equiparar su tributación a la de los productos físicos. Sin embargo, al tratarse en su mayoría de empresas extranjeras no domiciliadas en el país, su implementación se complica: como no se les puede obligar a tributar en Perú, la responsabilidad del cobro recae en los bancos, lo que añade costos transaccionales y administrativos que finalmente se trasladan al consumidor.
Ese incremento impactará directamente a los consumidores finales, en especial a los emprendedores y micro y pequeñas empresas (Mypes) que dependen de servicios digitales para operar y ganar productividad. El alza de precios reducirá la demanda de estos servicios, lo que puede traducirse en menor acceso a tecnología y en una pérdida de competitividad de las empresas peruanas. Y en un contexto donde el ingreso real de los hogares ya se vio afectado por la inflación, este impuesto podría reducir el bienestar de los consumidores y exacerbar la desigualdad. La experiencia previa lo anticipa: con el ITF en 2004, los bancos trasladaron los costos de implementación a los usuarios mediante mayores comisiones, y es probable que aquí ocurra algo similar con las tarifas bancarias.
El verdadero problema: gastar mal, no recaudar poco
El déficit fiscal del 3.9% que enfrentó el gobierno en 2023 refleja una brecha entre ingresos y gastos que, mal manejada, podría generar mayor inestabilidad. Pero enfocarse en recaudar más con nuevos impuestos ignora un problema estructural más profundo: el crecimiento insostenible del gasto corriente, que representa el 70% del presupuesto público. La falta de ejecución del 10% del presupuesto en 2023, equivalente a 26.9 mil millones de soles no utilizados, evidencia que el Estado no tiene un problema de falta de recursos, sino de gestión deficiente. Esto plantea la pregunta clave: ¿es realmente necesario aumentar los ingresos tributarios o sería más efectivo optimizar el uso de los fondos ya disponibles?
Gravar los servicios digitales en un escenario de crecimiento lento y alta inflación también desincentiva el consumo y la inversión privada, motores fundamentales de la reactivación. En un mercado pequeño como el peruano, donde la competencia en servicios digitales ya es limitada, este tipo de medidas puede ahuyentar la entrada de nuevos actores y reducir aún más las opciones para los consumidores.
Alternativas más sostenibles
Desde una perspectiva de política fiscal, es crucial priorizar la eficiencia del gasto antes de crear nuevos impuestos. El déficit del 3.9% y la subejecución de S/ 26 mil millones en 2023 indican que el problema principal no es la falta de recursos, sino su mala gestión. Políticas que fortalezcan la formalización, amplíen la base tributaria y promuevan la inversión privada serían más efectivas en el largo plazo, junto con una reestructuración del gasto corriente en lugar de cargar a los consumidores con más impuestos en un momento de fragilidad.
En conclusión, la imposición del IGV sobre los servicios digitales no es la estrategia más adecuada para el Perú de hoy. Aunque el objetivo del gobierno es aumentar la recaudación, el impacto negativo en el consumo, la inversión y el bienestar de los consumidores podría contrarrestar esos beneficios. El enfoque debería estar en mejorar la gestión del gasto público y en promover la formalización y el crecimiento sostenible; en ese sentido, la derogación de este impuesto sería una medida prudente que permitiría reorientar la estrategia fiscal hacia objetivos más equitativos y eficaces.