La informalidad en Perú actúa como un cáncer que avanza sin cura y no ha mostrado una reducción significativa en las últimas décadas. Este fenómeno no solo obstaculiza el crecimiento económico, sino que también afecta negativamente la productividad de los trabajadores y el bienestar social, pues dificulta el acceso al crédito y, al reducir la recaudación tributaria, limita la cobertura y calidad de los bienes y servicios públicos. Y cuando hablamos de informalidad no solo nos referimos al ambulante que vende sus productos en la calle, sino también a los mineros ilegales que acumulan ingresos millonarios a costa de todos los peruanos. Son 12 millones de peruanos los que trabajan en la informalidad, más del 70% del mercado laboral.
Dicho esto, cabe preguntarse: ¿por qué el Congreso presentaría proyectos que le hacen imposible la vida al formal o al que se quiere formalizar en serio? Todo este esfuerzo legislativo va a fiscalizar a 3 de cada 10 peruanos, ya que el foco se encuentra en seguir ahorcando al formal porque hay que aumentar la recaudación fiscal. ¿Y qué hacemos con los otros 7 que se mantienen al margen de la formalidad? Pues no mucho.
Según Apoyo Consultoría, el Congreso peruano tiene en discusión más de 200 proyectos de ley destinados a modificar la regulación laboral. Aunque estas iniciativas parecen estar diseñadas para favorecer a los trabajadores, en realidad perjudican a la mayoría; como dice el dicho, el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. La mayoría de las propuestas aumentan la rigidez y los costos de la contratación formal, desincentivando así la formalidad y alejando a los trabajadores de sus beneficios.
Más costos para despedir y contratar
En materia de protección frente al despido, el PL 1505/2021-CR busca extender la edad de jubilación obligatoria a 75 años, una medida que requiere que los empleadores realicen evaluaciones médicas para determinar si los trabajadores mayores de 70 años están aptos para continuar en sus puestos. Este requisito aumenta los costos de desvinculación del personal y la carga administrativa para las empresas, además de desincentivar la contratación de nuevos empleados más jóvenes, lo que reduce la dinámica del mercado laboral y afecta la competitividad. En la misma línea, el PL 5732/2023-CR propone incluir el monto de las contribuciones al sistema de pensiones en el cálculo de la indemnización frente al despido, lo que dificulta la desvinculación de personal y desincentiva la contratación formal, especialmente a plazo indefinido, generando una barrera adicional para las pequeñas y medianas empresas que enfrentan mayores riesgos y costos al contratar formalmente.
A ello se suman propuestas que reducen la jornada y elevan los costos laborales. Los proyectos PL 1192/2021-CR y PL 2306/2021-CR plantean contabilizar la jornada laboral desde la llegada al centro de trabajo e incluir una sobretasa del 35% sobre el sueldo básico del trabajador nocturno. Reducir la jornada laboral efectiva disminuye la producción de los trabajadores, mientras que la sobretasa nocturna incrementa implícitamente el salario de este segmento sin impulsar un aumento acorde de la productividad. Menor productividad y mayores costos terminan desincentivando la contratación formal y afectando directamente a las empresas formales.
El comodín del populismo: subir el sueldo mínimo
El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) es una clásica, el as bajo la manga del populismo. Los proyectos PL 718/2021-CR y otros tres buscan establecer aumentos obligatorios de la RMV cada dos años, sin tomar en cuenta criterios técnicos ni el diálogo social. Esta propuesta implica incrementos regulares del salario mínimo sin considerar la productividad ni las condiciones económicas del país, y sin una mejora correspondiente en la productividad de los trabajadores tales aumentos generan incentivos para que las empresas contraten de manera informal, especialmente en las mypes, donde la productividad promedio es menor. El resultado es un mercado laboral más rígido y menos competitivo.
Lo recomendable sería evaluar los aumentos del salario mínimo periódicamente, basándose en el crecimiento económico, la reducción de la informalidad, la productividad laboral y el costo de vida regional. Además, estos incrementos deberían ser aprobados por el Consejo Nacional de Trabajo en un diálogo tripartito.
Sindicatos y huelga, el riesgo de tensar la cuerda
En cuanto al fortalecimiento de los sindicatos, los proyectos PL 537/2021-CR y PL 903/2021-CR promueven la actividad sindical y el derecho a huelga. Facilitar el ejercicio de la huelga y modificar sustancialmente el régimen de relaciones colectivas puede generar desequilibrios de poder durante las negociaciones laborales, lo que podría derivar en conflictos prolongados y costosos para las empresas, desincentivando la contratación formal y aumentando la incertidumbre en el mercado laboral. A su vez, los proyectos PL 456/2021-CR y PL 783/2021-CR buscan facilitar la creación de sindicatos y la negociación colectiva en grupos empresariales y de empresas tercerizadas; incluir al personal de empresas subcontratadas en las negociaciones colectivas complicaría el consenso debido a las diferencias en condiciones laborales entre trabajadores de distintas empresas, elevando los costos de coordinación y gestión, desincentivando la formalización y haciendo menos atractivo el cumplimiento de las regulaciones laborales formales.
En conjunto, estas iniciativas legislativas, aunque bien intencionadas para mejorar las condiciones laborales, pueden tener el efecto contrario al deseado y terminar ahogando al formal y aumentando el porcentaje de informales. Incrementan la rigidez del mercado laboral y los costos para las empresas, lo que no solo dificulta la formalización, sino que también puede desalentar a las empresas formales, reduciendo su competitividad y capacidad de crecimiento. Es crucial reconsiderar estas propuestas y buscar alternativas que promuevan tanto la protección de los trabajadores como un entorno favorable para la formalización y el desarrollo empresarial. Sobre todo en este momento, en que el país necesita a gritos crecimiento económico e inversión privada: mientras más se ahuyente al formal, menos se invertirá, menos empleo se generará y seguiremos viendo a más personas viviendo en situación de pobreza, con un país paralizado y sin saber qué hacer.