El sistema tributario peruano enfrenta varios desafíos críticos, como la alta informalidad y la concentración de la carga tributaria en un pequeño número de grandes empresas. A esto se suma que es un sistema impredecible, con frecuentes cambios en las normativas y criterios de aplicación, y marcado por una falta de confianza entre los contribuyentes y la SUNAT.
La informalidad es quizá el problema más profundo. Más del 70% de peruanos trabaja en la informalidad y el 55% de las empresas que operan lo hacen sin un Registro Único de Contribuyentes (RUC), lo que significa que una gran parte de la actividad económica se lleva a cabo fuera del ámbito fiscal formal y reduce significativamente la base tributaria del país. En paralelo, la carga tributaria está fuertemente concentrada: los principales contribuyentes (PRICOS), que suman aproximadamente 9,000 empresas, representan más del 80% de los ingresos fiscales a pesar de constituir solo el 1% del total de empresas registradas. Esto revela una alta dependencia del Estado en un pequeño grupo de empresas, lo que puede ser riesgoso si estas enfrentan dificultades económicas o si el Estado decide aumentar su recaudación fiscalizando únicamente a ese grupo.
La impredecibilidad agrava el panorama, pues la frecuente modificación de normas tributarias y la inconsistencia en su aplicación generan incertidumbre entre los contribuyentes, desalientan la inversión y dificultan la planificación a largo plazo de las empresas. Todo ello se combina con una desconfianza mutua entre los contribuyentes y la SUNAT, ya que muchos perciben a la entidad como punitiva y poco transparente, una institución que los quiere "exprimir".
Una carga fiscal entre las más altas del mundo
El Perú tiene una de las cargas fiscales más altas a nivel internacional —si se suman el IR y el IGV— para las empresas formales, lo que desincentiva la inversión y reduce la competitividad. El sector minero es un ejemplo claro: paga impuestos por encima de regulaciones como las de Canadá, Australia y Chile, y solo lo supera México. De hecho, el 47% de las utilidades de una minera se destina al pago de impuestos en el Perú, según un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía. A ello se añade que el Estado brinda pocos o nulos servicios en contraprestación del pago de los impuestos.
Los principios de un sistema tributario mejorado
Para mejorar el sistema tributario peruano deben considerarse cuatro principios fundamentales. El primero es la simplicidad, pues el sistema debe ser sencillo de entender y aplicar tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria, lo que reducirá la posibilidad de errores y facilitará el cumplimiento voluntario. El segundo es la neutralidad, ya que el sistema no debe distorsionar las decisiones económicas y tiene que tratar de manera equitativa a todos los sectores, evitando favoritismos y asegurando que todos los actores contribuyan de manera justa.
El tercero es la eficiencia: los mecanismos de recaudación deben minimizar los costos administrativos tanto para el Estado como para los contribuyentes, de modo que los recursos se utilicen de manera óptima y se mejore la recaudación. Finalmente, la predictibilidad resulta crucial, pues las normas y su interpretación deben ser estables en el tiempo para generar confianza; la adopción de jurisprudencia vinculante y la creación de mecanismos claros para resolver disputas son esenciales para lograrlo.
Propuestas para transformar la recaudación
La primera propuesta es fomentar la formalización mediante incentivos y simplificaciones tributarias que atraigan a más negocios al sistema formal. Para ello hay que pensar en cómo hacer más competitivo al sector formal, de manera que este atraiga a los informales, pues hoy ser formal en el Perú es una tarea titánica. A esto se suma la necesidad de una reforma de la SUNAT que la modernice y capacite a su personal para actuar de forma más transparente y menos arbitraria. En esa línea se propuso que la SUNAT sea una entidad autónoma que no dependa del Ministerio de Economía y Finanzas, para tener un rol más técnico y estar menos expuesta a los shocks políticos, y que el superintendente permanezca en el cargo por un mínimo de 7 años para asegurar continuidad y estabilidad en las políticas fiscales. Un gobierno estable es esencial para generar las condiciones que permitan fortalecer las instituciones y ejecutar verdaderas reformas.
También es clave ampliar la base tributaria, y la única forma de lograrlo es que la SUNAT "salga a la calle" y formalice a los grandes informales, en lugar de concentrarse únicamente en exprimir más a los contribuyentes que ya están en el sistema. Este esfuerzo debe ir acompañado de políticas que fomenten el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, así como incentivos para la inversión privada y formal. Por último, se requiere estabilidad normativa a través de mecanismos legales que obliguen a la administración tributaria a seguir interpretaciones consistentes y previsibles de las normas, respetando y aplicando de manera uniforme la jurisprudencia vinculante y las consultas institucionales. Así se reducirá la incertidumbre y se fomentará un entorno más favorable para la inversión y el cumplimiento fiscal.