El Congreso aprobó una nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos con el objetivo de actualizar el marco para promover la inversión privada en infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, el Ejecutivo formuló 21 observaciones al texto aprobado. Aunque el Parlamento aceptó algunas de ellas, una de las principales modificaciones fue mantener al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como ente rector del sistema.

El debate dejó sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué institución está mejor preparada para liderar el desarrollo de las APP?

Las observaciones del Ejecutivo

Uno de los cambios más relevantes planteados por el Congreso consistía en fortalecer el papel de ProInversión dentro del sistema de APP. La propuesta buscaba darle un rol más activo en la conducción y supervisión de los proyectos.

El Ejecutivo observó esta modificación al considerar que afectaba las competencias de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del MEF. Finalmente, la versión aprobada mantuvo al ministerio como autoridad responsable de establecer lineamientos, emitir opiniones vinculantes, administrar el registro de contratos y supervisar el cumplimiento de la política nacional.

Una entidad especializada en atraer inversión

ProInversión fue creada para estructurar, promover y adjudicar proyectos de inversión privada. Su equipo técnico concentra experiencia en concesiones, mercados, estructuración financiera y negociación con inversionistas nacionales e internacionales.

El MEF, en cambio, tiene una función distinta. Su prioridad es preservar el equilibrio fiscal y administrar las finanzas públicas. Ambas responsabilidades son necesarias, pero responden a objetivos diferentes.

Cuando una misma institución concentra la evaluación fiscal y la conducción de las APP, existe el riesgo de que predomine una visión enfocada en controlar riesgos presupuestales antes que en impulsar proyectos de inversión.

Menos burocracia, más ejecución

La naturaleza de ProInversión es promover proyectos y atraer capital privado. Su trabajo consiste en identificar oportunidades, estructurar iniciativas y acercar inversionistas al Estado.

El MEF cumple una labor indispensable de control y disciplina fiscal. Sin embargo, trasladar esa lógica al desarrollo de las APP puede generar procesos más largos, mayores revisiones administrativas y una burocracia que retrase la ejecución de obras.

En un contexto donde el país mantiene importantes brechas de infraestructura, la agilidad institucional adquiere un papel determinante.

Confianza para atraer capital

Los inversionistas también evalúan la estabilidad y especialización de las instituciones con las que interactúan.

Una agencia especializada como ProInversión ofrece continuidad técnica y un mayor conocimiento del funcionamiento de los mercados. En contraste, las decisiones del MEF pueden verse influenciadas por cambios en la conducción política del ministerio o por coyunturas fiscales. La alta rotación de ministros de Economía durante los últimos años ha reforzado esa percepción de incertidumbre.

La confianza institucional constituye uno de los factores que influyen en la decisión de invertir en proyectos de largo plazo.

Un cambio que buscaba fortalecer las APP

La propuesta inicial del Congreso buscaba ampliar las funciones de ProInversión para que su participación no terminara con la adjudicación de un proyecto. La intención era que también acompañara la ejecución de los contratos, el desarrollo de la infraestructura y la prestación de los servicios.

Un esquema de este tipo habría fortalecido su papel como articulador entre el Estado, los inversionistas y los usuarios finales.

Las APP requieren instituciones capaces de acelerar proyectos, generar confianza y reducir la burocracia. En un país con amplias brechas de infraestructura, fortalecer los mecanismos que promueven la inversión privada puede ser tan importante como contar con un buen marco legal.