El estado empresario es un mal estado. Ejemplos históricos de ello sobran, y muy cerca del Perú tenemos uno de los mejores ejemplos del fracaso que ocurre luego que los estados deciden emprender una aventura empresarial. La crisis de las empresas estatales en Bolivia se ha convertido en uno de los mayores problemas fiscales del país. Según RPP y los principales diarios bolivianos, 15 de las 67 empresas públicas se encuentran en quiebra, acumulando pérdidas, deudas y patrimonio negativo que comprometen seriamente las finanzas del Estado. Infobae añade que estas empresas no solo están en números rojos, sino que además presentan baja producción, sobrecostos y una dependencia crónica de créditos estatales.
Las cifras son alarmantes. Las empresas estatales acumulan pérdidas por Bs 2.655 millones (≈ US$ 383 millones) y un patrimonio negativo de Bs 1.901 millones (≈ US$ 274 millones). La deuda directa supera los Bs 1.025 millones (≈ US$ 148 millones). Pero el dato más revelador es que, en dos décadas, el Estado boliviano ha destinado más de Bs 73.000 millones (≈ US$ 10.5 mil millones) para sostener estas empresas, recursos que no generan retorno y que hoy presionan al fisco en un contexto de déficit creciente.
Las empresas más críticas incluyen a Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB (industria del litio), que recibió más de Bs 6.200 millones (≈ US$ 890 millones) y opera apenas entre 14% y 17% de su capacidad. Empresas como la Azucarera San Buenaventura, Karachipampa (refinación de metales), Quipus (ensamblaje de equipos electrónicos) y Yacana (industria textil) también se encuentran entre las que presentan números más preocupantes. Todas presentan diversos problemas, desde maquinaria deficiente y obsoleta, baja demanda o incluso dificultades administrativas para operar desde su fundación. Infobae añade que varias de estas empresas fueron creadas sin estudios de mercado y con proyecciones irreales de demanda.
El propio director de la OFEP, la institución que se encarga de supervisar a las empresas públicas en Bolivia, Pablo Camacho, reconoció que "la mayoría de estas empresas no cuenta con estudios de viabilidad y requiere auditorías profundas". El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, admitió que "varias empresas presentan problemas de sostenibilidad y requieren medidas correctivas". Estas declaraciones confirman que el problema no es coyuntural, sino estructural.
El impacto fiscal es enorme. Mantener empresas deficitarias no hace más que impactar negativamente al bolsillo del contribuyente boliviano. Cada billete destinado a rescatar compañías improductivas es un billete que no se invierte en servicios esenciales. La crisis demuestra que cuando el Estado asume riesgos empresariales sin eficiencia, sin controles y sin estudios de viabilidad, el costo final recae inevitablemente en el contribuyente. Bolivia no enfrenta solo un fracaso empresarial: enfrenta un modelo que ha drenado miles de millones del erario sin generar valor público.
El caso peruano: Petroperú
En el Perú el Estado tampoco ha sido un buen empresario. De las 35 empresas públicas, varias están en rojo. La más notoria es Petroperú. La Refinería de Talara, su proyecto emblemático, es el mejor ejemplo. El costo total del proyecto ya supera los US$ 6.500 millones, muy por encima de los US$ 1.300 millones estimados originalmente. El financiamiento del proyecto se cubrió casi íntegramente con deuda —bonos, préstamos sindicados y créditos garantizados—, lo que ha elevado significativamente el pasivo de Petroperú y ha obligado al Estado a inyectar más de S/ 22.000 millones en rescates, garantías y ampliaciones de capital en la última década.
En el contexto boliviano, donde las empresas públicas han generado pérdidas millonarias, patrimonio negativo y una presión fiscal que hoy compromete al Estado, el caso peruano ofrece un contraste claro. Aunque el Perú no enfrenta un colapso generalizado de sus empresas estatales, Petroperú es la gran excepción: una compañía cuyo nivel de endeudamiento, dependencia del Tesoro Público y sobrecostos —incluyendo los de la Refinería de Talara— la colocan más cerca del patrón boliviano de empresas deficitarias que del resto del sector público peruano. El fracaso evidente del ecosistema de empresas públicas boliviano no solo sirve como ejemplo sobre las malas gestiones en materia fiscal que se hicieron durante mucho tiempo en nuestro vecino, sino que, sobre todo, sirve a los demás países de la región para entender las consecuencias de tener un Estado que intenta abarcar todos los sectores de la vida económica de un país, donde siempre terminan perdiendo más dinero del que generan y, al final del día, drenan el dinero de millones de ciudadanos que pagan sus impuestos.