La Contratación Administrativa de Servicios o CAS nació, supuestamente, para resolver un problema que el propio Estado creó. Durante años, muchas entidades contrataron personal mediante Servicios No Personales, una figura pensada para prestaciones independientes, pero usada en la práctica para cubrir labores permanentes dentro del sector público. Otro beneficio del CAS era su rapidez a la hora de contratar, ya que no tiene las mismas exigencias que una contratación regular. Miles de personas trabajaban bajo subordinación, horario y funciones regulares, pero sin los derechos laborales de un servidor. En 2008, el Decreto Legislativo 1057 creó la Contratación Administrativa de Servicios como una salida intermedia. El nuevo régimen reconocía algunos derechos y ordenaba una contratación que ya existía de hecho, pero mantenía una característica central, su temporalidad. No fue diseñado como una carrera pública ni como un régimen estable equivalente al Decreto Legislativo 276 o al 728. La promesa era que el CAS funcionara mientras avanzaba la reforma del Servicio Civil. Esa transición quedó atrapada en el tiempo.
El giro de 2021
El cambio más importante llegó con la Ley 31131, aprobada en 2021. La norma dispuso que los contratos CAS vigentes pasaran a ser indeterminados, salvo casos de suplencia o necesidad transitoria. En la práctica, el régimen que había nacido para dar flexibilidad al Estado empezó a otorgar estabilidad laboral.
Para 2024, el CAS registraba más de 370 mil trabajadores, de los cuales más de 100 mil eran indeterminados. Durante la pandemia llegó a superar los 400 mil. Lo que comenzó como una herramienta para ordenar una situación irregular terminó convertido en el régimen laboral más numeroso del sector público. El Estado había convertido una solución temporal en una planilla estable, sin haber completado antes la reforma que debía ordenar el servicio civil bajo criterios de mérito, evaluación y desempeño.
A nivel macroeconómico, los beneficios sociales (dos gratificaciones anuales y la CTS) para los más de 300,000 trabajadores bajo el régimen CAS le cuestan al Estado peruano aproximadamente S/ 2,340 millones a S/ 2,800 millones al año; esta cifra no contempla su salario.
Beneficios nuevos, reforma pendiente
Con la Ley N.° 32563, los trabajadores CAS obtuvieron gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como Compensación por Tiempo de Servicios. La norma modificó el Decreto Legislativo 1057 y amplió los beneficios laborales de este régimen. El punto crítico es que cada ampliación de beneficios aumenta el gasto permanente del Estado, mientras siguen débiles los mecanismos para medir productividad, premiar el buen desempeño o separar a quienes no cumplen.
El costo de no reformar
El caso CAS muestra una falla recurrente del Estado peruano: se crean soluciones temporales que crecen sin control durante años por falta de correcta gestión y supervisión, y luego se convierten en permanentes sin resolver el problema original. Primero se usó el CAS para evitar la informalidad encubierta de los SNP. Luego se volvió masivo. Después obtuvo estabilidad. Ahora suma nuevos beneficios.
Lo que no avanzó al mismo ritmo fue la reforma del Servicio Civil. SERVIR buscaba ordenar la carrera pública con evaluaciones de desempeño y reglas más claras para vincular permanencia con resultados. Más de una década después, su implementación sigue incompleta.
El contribuyente financia una planilla pública cada vez más estable y costosa. Siete de cada diez soles que recauda el Estado se destinan al gasto corriente, principalmente al pago de sueldos, aunque ello no garantiza una mejora en la calidad de los servicios públicos.