El Ejecutivo ha solicitado al Congreso un crédito suplementario por S/ 4.160 millones, acompañado de una emisión interna de bonos por S/ 1.260 millones. Aunque una parte de estos recursos se destina a inversiones y continuidad de obras, una fracción significativa —alrededor de S/ 510 millones— corresponde a medidas remunerativas, como la bonificación extraordinaria para 435.000 docentes y otras asignaciones CAS. Este último componente crea obligaciones permanentes al Estado. En el 2026, el FMI estima que el déficit fiscal estructural del Perú ya alcanza el 3,6% del PBI. Esto significa que incluso en condiciones normales el Estado gasta más de lo que recauda. Aun así, el Gobierno propone financiar este nuevo gasto con utilidades extraordinarias de Fonafe y del Banco de la Nación, con una emisión de bonos fuera de los límites de endeudamiento autorizados por ley y con un supuesto sobrecumplimiento de la recaudación tributaria que depende de precios internacionales de minerales.

En un país donde la informalidad laboral bordea el 70%, solo tres de cada diez trabajadores aportan efectivamente al sistema tributario. La recaudación total del Perú ronda el 16% del PBI, lo que evidencia una base tributaria estrecha. Cuando el Estado aprueba gasto corriente adicional, no puede financiarlo ampliando la base tributaria porque la mayoría de la población está fuera del sistema, ni puede sostenerlo con ingresos estructurales porque no existen. Adicionalmente, el déficit fiscal calculado por el FMI (3.6% del PBI) hace poco creíble el sobrecumplimiento tributario calculado por la Sunat. Finalmente, lo relacionado al financiamiento proveniente de utilidades de Fonafe también genera dudas, dado que, según el Banco Central de Reserva, en mayo del 2026 Fonafe registró pérdidas equivalentes al 1.6% del PBI. Esto estaría cerca de S/ 20,725,736,000 (S/ 20.7 mil millones). La consecuencia inevitable es recurrir a más deuda. Y esa deuda, en la práctica, la pagan los pocos contribuyentes formales que ya sostienen al Estado.

Según Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, dos tercios del gasto estarán dirigidos a obras que ya se encuentran en ejecución. La tercera parte restante corresponde a gasto corriente. Para Castilla, lo primero es justificable siempre y cuando se cumpla la proyección de sobrecumplimientos tributarios propuesta por la Sunat. David Tuesta, también exministro de Economía, advirtió que el crédito suplementario usa ingresos temporales y deuda interna para financiar gasto corriente, especialmente bonos y medidas remunerativas. Señaló que esto crea obligaciones permanentes sin ingresos permanentes, deteriora la credibilidad fiscal y presiona el déficit, trasladando el problema al próximo gobierno.

El gasto corriente en planillas generó cuestionamientos porque obliga al Estado a asumir compromisos permanentes mientras el ciudadano formal percibe que lo que aporta no se traduce en servicios públicos de calidad. El sistema de salud funciona con 95% de centros de primer nivel inadecuados; la Contraloría registra cerca de 2,200 obras paralizadas; y 40% de comisarías carecen de presupuesto adecuado. Aunque la inversión pública llegó a S/ 60,422 millones en 2025, los servicios no mejoran. Además, el Perú obtiene 30/100 en el índice de Transparencia Internacional, reflejando alta corrupción. Todo refuerza la percepción de que el Estado gasta mal y el contribuyente no recibe un retorno justo.

Así se forma un círculo vicioso: el Gobierno aprueba medidas populistas que elevan el gasto corriente; como no tiene ingresos permanentes, se endeuda; como la base tributaria es pequeña, la deuda recae sobre los pocos formales; esos formales sienten que pagan mucho y reciben poco; la informalidad se vuelve una decisión racional; la base tributaria se reduce aún más; y el Estado vuelve a endeudarse para cubrir obligaciones que él mismo creó. Este ciclo erosiona el contrato tributario: la idea básica de que, si el ciudadano paga, el Estado responde con servicios. Cuando ese contrato se rompe, la legitimidad fiscal se desploma y la informalidad se consolida como la opción más lógica para millones de peruanos.

Resulta también alarmante el hecho de que este crédito suplementario es una iniciativa proveniente de un gobierno saliente. El gobierno de José María Balcázar no solo será efímero, sino que también arrastra una impopularidad alta, la cual comparte con el Congreso. Ante ello, la obligación central del actual Ejecutivo debería ser una sola: encargarse de proveer a Keiko Fujimori o Roberto Sánchez una transición de poder ordenada, y no generar mayores cargas que el Ejecutivo entrante tendrá que comprometerse a cumplir.