Durante más de una década, el Perú intentó ordenar su sistema universitario mediante el licenciamiento obligatorio para instituciones públicas y privadas. El objetivo era claro: asegurar un mínimo de calidad educativa, cerrar universidades que no cumplían estándares básicos y proteger a los jóvenes de ofertas académicas sin sustento. Ese proceso llevó al cierre de decenas de universidades que no garantizaban infraestructura adecuada, docentes calificados, investigación ni sostenibilidad financiera. La idea central era avanzar hacia un sistema con menos universidades, pero mejores.

En contraste, en los últimos años se ha impulsado una tendencia opuesta desde el Congreso. Roberto Sánchez aparece como autor o coautor de múltiples leyes que crean nuevas universidades públicas sin estudios técnicos sólidos, sin planes de sostenibilidad y sin garantías de que podrán cumplir los estándares de la Ley Universitaria. Esta expansión legislativa revive el mismo problema que el país intentó corregir: instituciones creadas por ley que existen en el papel, pero que no cuentan con condiciones reales para ofrecer educación de calidad.

El riesgo es evidente. Estas universidades, muchas veces sin infraestructura, presupuesto suficiente o capacidad de licenciamiento, terminan siendo universidades fantasma. Generan expectativas en miles de jóvenes que ven en la educación pública su única vía de movilidad social, pero que terminan enfrentando años perdidos, títulos sin valor y un retorno a la informalidad laboral. Los más afectados son precisamente los jóvenes de menores recursos en provincias, quienes dependen del Estado para acceder a educación superior de calidad. Solo en el último año, Roberto Sánchez fue autor o coautor de las siguientes leyes que crearon universidades en el Perú:

Además, la creación indiscriminada de nuevas universidades fragmenta el presupuesto público, obliga a abrir nuevos pliegos presupuestales y desvía recursos que podrían fortalecer universidades públicas ya existentes que sí tienen trayectoria y capacidad de mejora. El país no necesita más universidades: necesita mejores universidades. Ignorar esta realidad compromete la calidad educativa y el futuro de quienes más dependen del sistema público.