El sistema tributario peruano enfrenta un desafío que va más allá de la recaudación. La complejidad normativa, la incertidumbre sobre la aplicación de las reglas y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de resolver controversias afectan la confianza de quienes invierten, generan empleo y cumplen con sus obligaciones tributarias.
Construir un sistema más competitivo requiere reformas orientadas a facilitar el cumplimiento, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar instituciones independientes.
Un sistema que genera incertidumbre
Las empresas toman decisiones de inversión considerando, entre otros factores, la estabilidad del marco tributario. Cuando las normas son complejas o su aplicación resulta impredecible, aumentan los riesgos y los costos de hacer negocios.
La incertidumbre también desalienta la formalización. Un entorno donde cualquier error puede derivar en largos procesos administrativos o sanciones reduce los incentivos para invertir y crecer.
Recaudar también implica facilitar el cumplimiento
La SUNAT cumple un papel fundamental en la administración tributaria y en la recaudación de impuestos. Sin embargo, un sistema moderno también debe facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Mientras más simples, claras y predecibles sean las reglas, menores serán los costos de cumplimiento para los contribuyentes y mayores los incentivos para incorporarse a la economía formal. La competitividad de un país también depende de su marco tributario. Empresas nacionales y extranjeras evalúan la estabilidad de las reglas antes de desarrollar nuevos proyectos o ampliar sus operaciones.
Por ello, las reformas tributarias deberían orientarse a generar mayor certeza jurídica, reducir complejidades innecesarias y ofrecer un entorno más competitivo para empresas de todos los tamaños.
El rol del Tribunal Fiscal
Cuando surgen controversias entre los contribuyentes y la administración tributaria, el Tribunal Fiscal constituye la última instancia administrativa encargada de resolver esos conflictos.
Su independencia resulta fundamental para garantizar decisiones imparciales y fortalecer la confianza en el sistema tributario. Un órgano resolutor percibido como autónomo contribuye a otorgar mayor seguridad jurídica tanto a los contribuyentes como a la propia administración. La credibilidad institucional depende tanto de las decisiones como de la confianza que estas generan. Incluso cuando no existen irregularidades, la percepción de posibles conflictos de interés puede debilitar la legitimidad de las instituciones.
Por ello, preservar la independencia y la apariencia de imparcialidad constituye un elemento central para fortalecer el sistema tributario.
Seguridad jurídica para crecer
Un sistema tributario sólido no se limita a recaudar recursos para el Estado. También debe generar condiciones para que las empresas puedan invertir con reglas estables y previsibles.
La seguridad jurídica, la independencia de las instituciones y un marco tributario claro favorecen la inversión privada, la generación de empleo formal y un crecimiento económico sostenido.