Pagar impuestos suele presentarse como un deber ciudadano que casi no admite discusión. Pero esa mirada confunde conceptos distintos. Los impuestos son, ante todo, una obligación legal dentro de una relación entre el ciudadano y el Estado. Y esa relación tiene responsabilidades en ambos sentidos.
Pensemos en algo cotidiano: la cuota de mantenimiento de un edificio. Cada mes, los vecinos pagan para financiar la limpieza, la seguridad o el funcionamiento del ascensor. Existe una obligación de pagar, pero también una obligación de la administración de utilizar correctamente esos recursos y prestar los servicios acordados.
Si un vecino paga puntualmente durante meses y el ascensor nunca funciona, tiene razones para reclamar. Su protesta no lo convierte en un mal vecino. Está exigiendo que la administración cumpla con su parte.
Con los impuestos ocurre algo parecido. El ciudadano entrega obligatoriamente una parte de sus ingresos al Estado. A cambio, espera que esos recursos financien bienes públicos y servicios esenciales como seguridad, justicia, infraestructura, educación o salud.
Esta relación puede entenderse como un contrato fiscal: el contribuyente financia al Estado y, precisamente por hacerlo, tiene derecho a exigir resultados, transparencia y eficiencia en el uso de sus recursos. Existe, sin embargo, una diferencia importante frente al ejemplo del edificio. El ciudadano no puede simplemente dejar de pagar impuestos si considera que recibe malos servicios.
Pensemos en una suscripción a Netflix que se cobra puntualmente todos los meses, pero que nunca permite ver una serie. Ante cada reclamo, la empresa responde únicamente: “Tu obligación es seguir pagando”. Difícilmente aceptaríamos esa respuesta.
Con el Estado, sin embargo, la obligación tributaria continúa mientras la ley así lo establezca. Por eso resulta todavía más necesario exigir rendición de cuentas.
Obligación legal, contrato fiscal y culpa moral
Estos tres conceptos suelen mezclarse, cuando en realidad responden a lógicas distintas. Los impuestos establecidos conforme a ley constituyen una obligación legal y deben pagarse. Cuestionar un tributo, su diseño o el uso que hace el Estado de lo recaudado no libera al ciudadano de cumplir con esa obligación.
Pero el cumplimiento del contribuyente no elimina las responsabilidades del Estado. Ahí aparece el contrato fiscal: si el ciudadano está obligado a financiarlo, el Estado debe administrar esos recursos de manera eficiente, transparente y responder por los resultados que obtiene con ellos.
Lo que no corresponde es convertir esta relación en una cuestión de culpa moral. Pagar más impuestos no hace automáticamente a alguien mejor ciudadano, así como cuestionar cuánto cobra el Estado, cómo lo cobra o en qué utiliza ese dinero tampoco lo convierte en uno peor. Cumplir la ley y exigir cuentas son perfectamente compatibles.
¿Cómo debería funcionar un buen contrato fiscal?
Desde la Asociación de Contribuyentes del Perú defendemos un sistema con impuestos bajos, simples y generales, pocas excepciones y reglas fáciles de predecir y cumplir. El objetivo debe ser que el Estado recaude lo necesario para cumplir sus funciones esenciales dejando la mayor cantidad posible de recursos en manos de los ciudadanos.
El gasto público, a su vez, debe ser verificable. El contribuyente debe poder saber cuánto costó una política, en qué se gastó su dinero y qué resultados produjo.
La discusión, entonces, no consiste en justificar el incumplimiento de la ley. Consiste en rechazar la idea de que pagar obliga a guardar silencio.
El contribuyente cumple con el Estado. El Estado debe responder ante el contribuyente.