Durante los últimos años, el Perú ha pasado a ocupar una posición estratégica dentro de la competencia entre Estados Unidos y la República Popular China. Lo que inicialmente fue una disputa comercial por mercados y materias primas hoy también involucra infraestructura crítica, seguridad nacional y capacidad regulatoria.
El país mantiene una relación económica cada vez más estrecha con China, mientras Estados Unidos busca recuperar influencia en la región mediante una agenda centrada en seguridad y cooperación estratégica. Este escenario coloca al Perú en una posición delicada: mantener buenas relaciones con ambos socios sin comprometer su autonomía ni la estabilidad de sus instituciones.
Estados Unidos busca recuperar influencia
Estados Unidos sigue siendo un socio estratégico para el Perú en comercio, cooperación y seguridad. En los últimos años, Washington ha intensificado su presencia diplomática y ha mostrado mayor interés por la infraestructura crítica y la estabilidad regional.
La captura de Nicolás Maduro reforzó la narrativa estadounidense sobre seguridad hemisférica y abrió una nueva etapa de acercamiento con varios países de la región. En ese contexto, el Perú volvió a adquirir relevancia dentro de la estrategia de Washington para contrarrestar la creciente influencia china en América Latina.
Esa mayor presencia se reflejó en una agenda diplomática más activa del embajador estadounidense Bernie Navarro, quien sostuvo reuniones públicas con autoridades peruanas y planteó iniciativas como la posibilidad de desarrollar una base naval en el Callao. Desde la perspectiva estadounidense, fortalecer la cooperación en seguridad resulta clave para equilibrar el creciente peso logístico y económico que China ha alcanzado en el país.
La creciente presencia china
China se ha convertido en uno de los principales inversionistas en sectores estratégicos de la economía peruana. La minería concentra buena parte de esa presencia. La inversión china supera los US$11,000 millones distribuidos en diversos proyectos, mientras que la inversión estadounidense bordea los US$7,750 millones en un número menor de iniciativas.
Empresas chinas participan en operaciones de gran escala como Las Bambas, consolidando una presencia relevante en uno de los sectores que más aporta al crecimiento económico del país. Esta concentración también incrementa la dependencia del desempeño de la economía china y de su demanda por minerales.
Chancay y el debate sobre la infraestructura estratégica
La inauguración del Megapuerto de Chancay en 2024 marcó un punto de inflexión. El proyecto, desarrollado con participación de Cosco Shipping, fue concebido como un centro logístico para el comercio del Pacífico Sur y una de las inversiones más importantes en infraestructura portuaria de los últimos años.
Sin embargo, el proyecto también abrió un debate sobre la supervisión de infraestructura estratégica. Un fallo judicial limitó la capacidad fiscalizadora de Ositrán sobre el puerto, generando cuestionamientos sobre el alcance del control estatal sobre una infraestructura privada de uso público operada por una empresa vinculada al Estado chino.
El caso evidenció la tensión entre dos principios que el Perú debe conciliar: mantener un entorno atractivo para la inversión privada y preservar mecanismos efectivos de supervisión sobre activos considerados estratégicos.
La dimensión geopolítica
Para Estados Unidos, la presencia de empresas estatales chinas en infraestructura crítica representa un asunto de seguridad nacional. Desde esa perspectiva, Cosco Shipping trasciende la condición de operador privado y forma parte de la estrategia internacional del Estado chino.
China, en cambio, sostiene que sus inversiones responden a relaciones comerciales legítimas y considera que las críticas estadounidenses buscan interferir en acuerdos económicos entre países soberanos.
Esta diferencia de enfoques ha trasladado la competencia geopolítica al ámbito regulatorio e institucional peruano.
Instituciones bajo presión
Las tensiones coincidieron con una etapa de inestabilidad política. El denominado "Chifagate", que culminó con la censura del presidente José Jerí en febrero de 2026, incrementó los cuestionamientos sobre la influencia de intereses extranjeros en la toma de decisiones públicas.
Al mismo tiempo, Estados Unidos reforzó su presencia diplomática mediante una agenda más activa. Las reuniones públicas del embajador Bernie Navarro y propuestas como impulsar una base naval en el Callao fueron interpretadas como parte del intento de equilibrar la creciente influencia logística de China en el Pacífico.
Un equilibrio cada vez más complejo
La apertura económica ha permitido que el Perú atraiga inversiones relevantes para reducir brechas de infraestructura y fortalecer sectores productivos. Pero el desarrollo de activos estratégicos también exige instituciones capaces de supervisar su funcionamiento con independencia y reglas claras.
El reto no consiste en elegir entre Estados Unidos o China. Consiste en preservar un marco institucional sólido que permita aprovechar la inversión extranjera, garantizar la libre competencia y mantener la capacidad del Estado para regular infraestructura estratégica cuando el interés nacional así lo requiera.