La idea de que un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso tiene una capacidad limitada para generar impactos es incompleta. Aunque no controle el Parlamento, el presidente conserva amplias facultades administrativas, regulatorias y operativas que le permiten influir directamente en la economía, la gestión pública y la institucionalidad sin necesidad de aprobar nuevas leyes. La forma en que administra el Estado, ejecuta el presupuesto, dirige organismos públicos y define políticas puede producir efectos tan relevantes como una reforma legislativa. Este brief desarrolla diez mecanismos mediante los cuales el Poder Ejecutivo puede afectar el desarrollo del país desde sus propias competencias.
1. Deterioro de la capacidad de ejecución de infraestructura pública
La evidencia muestra que la eficiencia del Estado puede caer drásticamente por decisiones de gestión. En 2020 se asfaltaron 238 km de carreteras pese a la pandemia, mientras que en 2022 solo se alcanzó el 31% de ese rendimiento. Es decir, el Estado fue 222% más eficiente en el 2020 que en el 2022 en esta materia. Esta caída no responde a limitaciones estructurales, sino a debilidades en planificación, contratación y supervisión, demostrando una administración pública poco orientada a resultados. Esto afecta la conectividad, los costos logísticos y la competitividad, afectando el cierre de brechas y limitando la posibilidad de crecimiento en áreas más necesitadas.
2. Acumulación de inversión paralizada y deterioro de proyectos públicos
A nivel nacional existen 1,879 obras paralizadas por S/ 21,595 millones, afectando sectores como transportes, vivienda, agricultura, educación y salud, agravando la precariedad de los servicios públicos. La paralización se explica por expedientes deficientes, falta de perfiles técnicos y decisiones administrativas que bloquean la ejecución. Todas estas falencias son responsabilidad directa del Ejecutivo, incurriendo en un creciente gasto administrativo (planillas) mientras las obras siguen paralizadas. El resultado es gasto sin retorno económico, infraestructura inconclusa y mayores costos logísticos para el país.
3. Limitaciones en la capacidad de respuesta ante choques críticos
En caso de situaciones de emergencia, la gestión y toma de decisiones es responsabilidad directa del Ejecutivo. El caso de los fertilizantes en 2022 evidencia cómo errores operativos del Ejecutivo pueden generar impactos económicos directos. Cuatro procesos fallidos de compra, por irregularidades técnicas y mala selección de proveedores, retrasaron la provisión de un insumo clave para la campaña agrícola. La pérdida de los meses críticos de siembra afectó los rendimientos y presionó al alza los precios de alimentos.
4. Alta rotación en el funcionariado y pérdida de continuidad
Durante el gobierno de Pedro Castillo se nombraron más de 50 ministros en menos de un año, con sectores como Interior y Agricultura registrando permanencias promedio menores a dos meses. Esta rotación impide continuidad, altera prioridades, debilita equipos técnicos y reduce la previsibilidad para actores económicos y para la ciudadanía. La inestabilidad administrativa afecta directamente la capacidad del Estado para ejecutar políticas sostenidas en el tiempo de forma regular y previsible.
5. Riesgos fiscales asociados al uso político del gasto público
El Ejecutivo puede expandir el gasto corriente sin mejoras en productividad, priorizando objetivos políticos de corto plazo. Es decir, la sensatez del gasto público no depende exclusivamente de la ley, sino también de los funcionarios que toman decisiones sobre cómo usar el dinero público. Ejemplos incluyen incrementos salariales o de bonos permanentes sin sustento técnico, contrataciones sin procesos competitivos y programas de transferencias de gran escala, priorizando muchas veces objetivos de corto plazo que se asemejan más a respuestas a consignas o lógicas políticas que a metas reales a largo plazo de políticas públicas. Estas decisiones vulneran la sostenibilidad fiscal, incrementan la percepción de riesgo y desincentivan la inversión privada.
6. Riesgos de rigidez laboral y debilitamiento institucional
La orientación de la política laboral puede generar efectos significativos sin intervención del Congreso, dado que esta es potestad exclusiva del Ejecutivo. Propuestas como la "Agenda 19", impulsada durante el gobierno de Pedro Castillo, trajo consigo restricciones a la tercerización, aumentos del sueldo mínimo sin sustento técnico y el debilitamiento de la carrera pública, volviéndola una opción política más que meritocrática. Estas medidas alteran la productividad, por un lado, y la formalización por otro, afectando directamente la competitividad del mercado laboral.
7. Afectación a la minería formal y expansión de la informalidad
El Ejecutivo puede modificar los incentivos del sector minero mediante decisiones administrativas. La creación de registros como el REINFO o la reducción de la intensidad con la que se intervienen operaciones facilita la expansión de la minería informal e ilegal. Paralelamente, mayores exigencias regulatorias, retrasos en permisos o fiscalización restrictiva pueden entrampar proyectos formales. Un ejemplo de ello es la nulidad —y posterior restablecimiento— del permiso de explotación del proyecto de Tía María. Estas acciones afectan una actividad clave para la recaudación, la creación de empleo formal, las exportaciones y la estabilidad económica.
8. Uso discrecional de entidades de fiscalización y mayor incertidumbre regulatoria
La conducción de entidades como SUNAT, SUNAFIL o el Tribunal Fiscal recae sobre el Poder Ejecutivo. Esto le permite influir en el entorno empresarial, desde empresas grandes hasta MYPES, sin cambios legislativos. Designaciones con criterios políticos o criterios más agresivos de supervisión pueden elevar costos de cumplimiento, generar incertidumbre jurídica y, a la larga, desincentivar la inversión. Si la orientación de estas instituciones está dirigida a aumentar la carga regulatoria o toma un enfoque punitivista, se puede afectar directamente la actividad económica y la generación de empleo.
9. Riesgos de repliegue comercial y deterioro de la inserción internacional
La política comercial depende en gran medida del Ejecutivo, primordialmente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cartera ya ocupada por Roberto Sánchez. Las políticas de este sector afectan directamente la imagen del país y su grado de inserción en el mercado internacional. La ralentización de acuerdos comerciales o la introducción de barreras administrativas pueden afectar sectores exportadores y cadenas productivas. En turismo, decisiones operativas redujeron la promoción internacional y afectaron la recuperación del sector. Un ejemplo de ello es que, a la fecha, el Perú no ha vuelto a recibir los mismos números de visitantes que recibió previo al COVID. Decisiones como la promoción de venta de entradas a Machu Picchu de manera presencial (desestimando métodos virtuales) afectó de manera negativa a miles de turistas, pero favoreció a gremios de vendedores informales.
10. Instrumentalización política del Estado
Tener control sobre el Poder Ejecutivo puede servir de "palanca" para posteriormente cooptar instituciones públicas siguiendo lógicas o motivaciones políticas en vez de meritocráticas. Esto puede ocurrir mediante nombramientos territoriales, uso de programas sociales o la redirección de las estrategias de comunicación gubernamental. La designación de prefectos, subprefectos o funcionarios clave con criterios partidarios, o la priorización política en la asignación de recursos, debilita la institucionalidad, limita el alcance y capacidad de éxito de políticas públicas y genera incertidumbre. Este uso del Estado afecta la calidad de la gestión pública y la confianza en las instituciones, dado que en muchos casos se termina privilegiando la lealtad a las autoridades de turno sobre el mérito o la capacidad.
Los diez mecanismos analizados muestran que el impacto de un gobierno no depende únicamente de su capacidad para aprobar leyes. Las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo pueden fortalecer o debilitar la inversión, la competitividad, la sostenibilidad fiscal y la calidad de las instituciones públicas. Por ello, evaluar el riesgo político únicamente a partir de la composición del Congreso ofrece una visión parcial. La calidad de la gestión del Ejecutivo sigue siendo uno de los factores más determinantes para el desarrollo económico e institucional del país.