En el Perú, formalizarse tiene un costo gigante, mucho más alto que el precio en soles. El contribuyente que declara, que paga, que registra sus operaciones ante la Sunat, queda expuesto a que puedan embargarle las cuentas sin haberle enviado una notificación válida, cobrarle intereses por las propias demoras de la administración, y sostener que todo se hizo conforme a la ley.

Un caso del año pasado lo muestra bien. La empresa Neo Motors SAC cerró operaciones en 2019. Sus correos registrados ante la Sunat quedaron inhabilitados. La administración siguió enviando resoluciones de determinación y multas a esas direcciones. Los mensajes rebotaban. La Sunat los consideró notificados de todas formas e inició cobranza coactiva por casi 100 millones de soles. La empresa no supo nada hasta que los embargos ya estaban ejecutados. Tuvo que llegar hasta el Tribunal Constitucional para que le reconocieran que no puede defenderse quien no sabe que lo están atacando. El TC le dio la razón en septiembre de 2025, declaró nulas las notificaciones y ordenó notificar en el domicilio fiscal.

Ese caso no es una rareza. Es una muestra de cómo opera el sistema cuando nadie lo frena. Cualquier empresario que haya pasado por una fiscalización conoce el patrón. La Sunat tiene facultades amplias, plazos que puede extender y mecanismos de cobranza que se activan antes de que el contribuyente haya podido impugnar. El Tribunal Fiscal acumula expedientes durante años. Mientras tanto los intereses moratorios siguen corriendo, incluso cuando la demora es por parte de la propia entidad.

El mismo patrón en lo laboral

La Sunafil replica el modelo en el ámbito laboral. Multas calculadas sobre UIT que crecen cada año, aplicadas con criterios que varían según el inspector, dirigidas a las empresas formales que son precisamente las que están disponibles para ser fiscalizadas.

El problema es que el sistema trata al contribuyente formal como sospechoso permanente y le traslada toda la carga de demostrar que la institución se equivocó. Esa lógica tiene consecuencias directas sobre la decisión de formalizarse.

Lo que pedimos

Lo que pedimos es lógico. Que una notificación enviada a un correo que rebota no cuente como válida. Que los intereses moratorios no corran mientras la administración se demora en resolver. Que los criterios de fiscalización sean predecibles y no cambien a mitad de un proceso. Que el contribuyente que gana un amparo ante el TC no haya tenido que invertir tres años y un equipo legal para obtener lo que la Constitución ya le garantizaba.

La base tributaria no se amplía mientras el Estado siga haciendo que formalizarse parezca una mala decisión.