En Colombia los resultados son positivos, pero en México, Ecuador o Bolivia, donde se prohibió el mecanismo, el efecto en el empleo formal fue devastador.
En Perú las alarmas se dispararon porque el gobierno aprobó un decreto que prohíbe la tercerización laboral en actividades que define como el “núcleo del negocio”, pese a las advertencias y la oposición de diversos sectores, como el propio MEF y el BCR, no solo porque esta medida afectará el empleo formal y la productividad en medio de una grave crisis, sino porque tiene visos de ilegalidad, al crear un concepto (“núcleo del negocio”) que no existe en la ley vigente y para incluirlo se requeriría una norma de igual o mayor rango. Solo en el sector minero del país, hay 70.000 puestos de trabajo en riego, según la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe). Esto en un contexto de recuperación muy precaria del mercado laboral peruano, donde las remuneraciones son bajas y hay un fuerte incremento de la informalidad laboral. Hoy, solo en Lima, hay la misma cantidad de desempleados que había en todo el Perú hace cinco años.
Pero, ¿cómo ha impactado este mecanismo de contratación en la región? Un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú revela que, en los países donde se aplica, los resultados son positivos, porque permite a las empresas mayor flexibilidad y mejora su productividad y competitividad.
Ese es el caso de Colombia, donde entre 2010 y 2016, las exportaciones de servicios tercerizados crecieron 3% y el empleo avanzó 13.8%. Otro aspecto muy positivo se refleja en que el 60% de trabajadores bajo esta modalidad no tienen un grado de licenciatura o especialización; es decir, genera empleo en segmentos sociales donde la mano de obra no es muy calificada, lo que ayudó además a reducir la informalidad.
A ello hay que sumarle que, en solo cuatro años, se crearon en Colombia más de 497,000 empresas de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), un tipo de sociedad que se usa en actividades de tercerización. En promedio, fueron 5,700 empresas nuevas al mes, la mayoría de capitales extranjeros.
Lo opuesto pasó en Ecuador, donde en 2008 se prohibió la tercerización, lo que llevó a que un 80% de más de un millón de trabajadores bajo esta modalidad perdieran su empleo formal.
Lo mismo ocurrió en Bolivia, donde en 2010 se anuló toda forma de subcontratación o tercerización, lo que además disparó la informalidad en la minería.
En 2021, México también restringió la tercerización y provocó que, de los más de 5 millones de trabajadores contratados por terceros, solo 2.7 millones pasaran a las planillas de las empresas clientes. Casi la mitad perdió su empleo. ¿Ese es el camino que queremos seguir?
