Por: Martha Bringas Gómez (*)
“Que los que tengan más paguen más impuestos”. Con esta frase el ministro Pedro Francke busca el apoyo a su pedido de facultades legislativas para lo que él denomina “mejorar nuestro sistema tributario”. Adelantando las materias sobre las que pedirá facultades, ha mencionado cosas como “revisar exoneraciones tributarias”, “reducir la evasión y el nivel de incumplimiento”, un “sistema simplificado para empresas”. Sus alusiones al combate de la informalidad han sido tibias e imprecisas, pero ha sido enfático en que cobrará “donde más se acumula la ganancia”.
Como se puede ver, el discurso es dulce al oído de quienes enarbolan el dogma de “Estado bueno y justo, empresario malo e insensible” y refuerza el relato de la justicia social a través de acogotar con más impuestos a los que de hecho ya vienen pagándolos por décadas, a los que día a día contribuyen a llenar las arcas fiscales y hacerlas “sólidas”, tal como el propio Francke ha afirmado al referirse a las finanzas públicas del país.
Tal parece que la consigna es destruir la imagen de las empresas y convertirlas en villanas y abusivas, en una sobre generalización que le hace mucho daño al país y sigue enfrentándonos entre pobres y ricos, limeños y provincianos. Veamos por qué.
El titular del MEF dice que es “lamentable” que en el Perú el incumplimiento del Impuesto General a las Ventas sea del 38,1% a diferencia de otros países de la región, como por ejemplo México, que solo tiene un incumpliendo del IVA del 16,4%. Lo que no explica el ministro es que el nivel de incumplimiento en el Perú ha venido reduciéndose desde el año 2003, así como que mientras el IGV en Perú no tiene tasas diferenciadas o tramos inafectos, el IVA en México es menor y con una tasa reducida para zona de frontera norte. Por otro lado, no dice el ministro qué exoneraciones o beneficios tributarios dejará sin efecto, generando incertidumbre en sectores importantes de la economía nacional, como la agroindustria, por mencionar solo una.
Como todo economista, el señor Francke debería saber que toda propuesta de reforma tributaria debe exhibir un diagnóstico del actual sistema y otra del que se propone, además de incluir los objetivos (en cifras) que se busca alcanzar. Pero además debe incluir cambios que promuevan transparencia por parte del Estado sobre el gasto e inversión pública, el potencial del sistema y el eficiente desempeño de la administración. No debe olvidar, además, que los países con alto grado de corrupción recaudan menos impuestos (hasta un 4% del PBI) por lo que, sin fortalecimiento de instituciones y rendición de cuentas, la recaudación por sí misma carece de sentido y aumenta la desconfianza del ciudadano, desincentivando el pago de tributos.
Si el titular del MEF está dispuesto a sacrificar el populismo por una propuesta que transforme la sociedad para bien, deberá reforzar el máximo principio tributario, aquel que sostiene que TODOS deben tributar, en la medida de su capacidad contributiva. Para llegar a ser un país desarrollado es imprescindible llegar a interiorizarlo. Mientras eso no suceda, estaremos condenados a un sistema en el cual solamente algunos sostengan con sus impuestos las arcas del Estado, mientras la informalidad crece.
Lamentablemente, existe una cultura de irresponsabilidad bien extendida en el país, acrecentada por la idea de que “papá Estado” debe darme cosas, porque soy pobre, porque soy de provincia, porque nadie me da una oportunidad. Ni hablar de pensar en pagar impuestos.
Por eso el actual gobierno, que busca sobre todas las cosas la popularidad para obtener respaldo a su agenda política, me temo que no va a proponer una reforma tributaria auténtica. Y no le interesa, por cierto, cambiar esta cultura. Su solución “perfecta” será aumentar la carga tributaria para quienes ya pagan impuestos, eliminar beneficios tributarios para la grande y mediana industria o intensificar las fiscalizaciones de las empresas formales, pero poco o nada hará para cumplir su verdadero rol de promotor de la iniciativa empresarial, que debiera pasar por reducir trabas burocráticas, simplificar el acceso a la formalidad, generar mayor competitividad vía asistencia técnica, ofrecer incentivos para pasar a las filas de los contribuyentes, con regímenes transicionales que atraigan en vez de ahuyentar al peruano emprendedor.
Si el Ejecutivo no lo hace, el Congreso debe hacerlo. La delegación de facultades tributarias no implica la renuncia a su función legislativa en esta materia, así que esperamos pronto leyes sobre estas reformas pendientes (ya se habla de un proyecto sobre RUC universal, por ejemplo). Y la ciudadanía atenta, los contribuyentes, los que anhelan un país con futuro, no deben tardar en hacer oír hoy su voz para que estos cambios lleguen. Mañana podría ser demasiado tarde.
(*) Abogada. Mg. en Gestión Pública. Directora de Asociación de Contribuyentes del Perú
