Anualmente, la Contraloría General de la República emite una evaluación o balance del gasto y ejecución del presupuesto del Estado, el cual permite que los ciudadanos conozcamos, no solo en qué gastó el Estado a lo largo de determinado año, sino cuándo y cómo lo hizo. A finales del año 2020, la Contraloría publicó un informe llamado “Cálculo del tamaño de la Corrupción y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria.”
Además de desarrollar los efectos de la corrupción, el informe señala cuánto se pierde anualmente por esta y qué podría hacerse al respecto. En efecto, a 2019, la Contraloría había estimado que, a nivel nacional, 23 mil millones de soles se habrían perdido gracias a la corrupción. Esto, habría ayudado a aliviar el “88% de la brecha total de infraestructura del sector salud”. De hecho, indica el informe “solo con el monto de perjuicio estimado en el sector salud (1,152 millones de soles), se hubiesen podido construir 230 centros de salud -el 83% de la brecha estimada (…) para el primer nivel de atención (…)- y 116 hospitales de segundo y tercer nivel, si consideramos el perjuicio económico extrapolado total para el 2019.”
En el sector educación, apenas el 24.5% de lo perdido hubiese podido cubrir la totalidad de la brecha de infraestructura educativa de largo plazo (5,917 millones de soles), es decir colegios para alrededor de 169 mil alumnos nuevos de inicial y secundaria. En transporte, lo perdido por corrupción ascendería a 2,893 millones de soles, lo cual hubiera servido para construir 1,497 kilómetros de carretera (equivalente a la distancia Lima-Tacna), o 109 kilómetros de infraestructura interna (equivalente al Ferrocarril Huancayo-Huancavelica)-.
De este casi 3% del PBI perdido en 2019, alrededor de 9 mil millones se perdieron en los gobiernos subnacionales y poco más de 13,500 millones, en el nacional; de este monto, alrededor de 4 millones se fueron en bienes y servicios inflados, y poco más de 11 mil millones, en recursos humanos.
Casi un año después, en agosto de 2021, la Contraloría emitió un nuevo informe, titulado “Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020” en el cual, entre otros aspectos, analizaba la situación de años anteriores y actualizaba las cifras respecto del gasto público en 2020.
Así, pues, el informe concluye que en 2020, pese a la crisis económica y sanitaria, producto del COVID-19, lo perdido en corrupción ascendía a 22 mil millones de soles. En otras palabras, el 12.6% del presupuesto ejecutado en ese año, o el 3.2% del PBI de 2020. De este monto, cerca de 9,500 millones de soles se perdieron en gobiernos subnacionales (500 millones más que en 2019), y 11,580 millones en el gobierno nacional (2,000 millones menos que en 2019). Esto último sería el equivalente a construir al menos 6 obras similares al primer tramo de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao (Villa El Salvador – Cercado) o la creación de una autopista de 4 carriles, similar al proyecto de la nueva carretera central.
Solo lo perdido por los gobiernos subnacionales hubiera alcanzado, en el sector salud, para construir 481 centros de salud del primer nivel de atención, instalar 5,394 plantas de oxígeno o habilitar la atención de 5,153 camas UCI. En el sector educación, por otro lado, este dinero habría podido ser utilizado para construir 183 colegios de educación básica regular, con alrededor de 24 aulas cada uno, o casi 6 millones de tablets. En transporte, se habrían usar para construir 631 km en vías urbanas, y en saneamiento, a dotar a 2 millones de personas en el ámbito urbano y a 900 mil en el ámbito rural de conexiones de agua potable. El problema en la gestión pública es evidente cuando se trata de utilizar recursos públicos.
Para la Contraloría, sin embargo, “cualquier mecanismo, medida o política para aliviar este mal debe pasar por diagnosticar el estado del funcionamiento del ecosistema de control”. Es decir, conocer los niveles de articulación y desempeño de todos los actores que forman parte de la red anticorrupción según el nivel que le corresponda. Según su último informe, desde 2017 hasta la fecha, mediante de un análisis de costo-beneficio y una evaluación de impacto, se concluyó que, de tener control concurrente, existiría un ahorro de 5.8% respecto de aquellos proyectos en los cuales no se tuvo.
En efecto, pocos meses antes, la Contraloría había publicado un informe de política de control gubernamental titulado “El control concurrente: Estimando cuantitativamente sus beneficios.” En este, la entidad señala que, pese a que cada auditoría tiene un costo promedio de 40 mil soles, este es un modelo que ha permitido que las obras se ejecuten y terminen a menores costos, aunque ello implique una ligera demora de mes y medio al plazo previsto. Esto, dado que las recomendaciones de la Contraloría sobre las desviaciones encontradas se traducen en correcciones en el proyecto.
Por cada sol invertido en el control concurrente en obras públicas, el Estado ahorra 6 soles, es decir, genera una tasa de rendimiento del 500%. Solo en “721 proyectos y actividades de la Reconstrucción con Cambios (RCC) [ejecutadas entre] 2017-2020 (…) se generó un ahorro de 485.9 millones de soles.”
El control concurrente, es así una herramienta indispensable para velar por el correcto funcionamiento de las obras públicas, evitar las paralizaciones y reducir costos. Sin embargo, la Contraloría enfrenta el reto de masificar esta herramienta y poder adquirir las herramientas necesarias para realizar su labor con mayor precisión, en favor de la correcta ejecución de los recursos de todos los contribuyentes.
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