Por Martha Bringas Gómez (*)
Hace unos días el titular de la PCM, a raíz del contexto de alza de precios de productos de primera necesidad que ha ocasionado protestas de la población, anunció que se presentaría una propuesta de ley que “prohíba” los monopolios y oligopolios, reforzando la idea difundida en campaña electoral, de que son las grandes empresas “oligopólicas” las culpables de el incremento de precios que se observa en mercados y centros de abasto.
Tal parece que la nueva “estrategia” del Ejecutivo es distraer la atención de la ciudadanía de los asuntos de fondo y del creciente desgobierno, lanzando una “papa caliente” al Poder legislativo para que, si el proyecto de ley no es aprobado, ello genere mayor descontento respecto del Congreso, toda vez que, según encuestas tiene solamente 17% de aprobación y sigue en caída libre.
Pero, ¿es que acaso el Perú no cuenta con una ley sobre los monopolios y oligopolios? ¿Es necesaria una ley que los prohíba de manera absoluta? ¿A quiénes beneficia o perjudica un monopolio? ¿Qué pasa con los monopolios estatales? ¿Cómo solucionar el problema del alza de precios sin afectar la libre competencia con intervencionismo estatal?
Aquí nos tenemos que referir al hecho de que, por ejemplo, existen empresas estatales que prestan servicios como un monopolio: SEDAPAL y PETROPERU, son monopolios estatales y no se cuestiona su existencia, aunque haya críticas a su administración o a actos de corrupción en su gestión, o a la “ineficiencia” o “alto precio del producto” o mal servicio al consumidor o al ciudadano.
Hay competencia monopolística cuando una empresa tiene poder de mercado o de negociación, pero no es absoluta porque no hay barreras a la entrada de otros competidores al mercado, de manera que, si sube el precio, existen otras opciones para el consumidor. Y aunque ello es más difícil en el caso de economías de escala que realizan enormes inversiones, como por ejemplo el caso de las telecomunicaciones o el transporte aéreo, no es imposible para el Estado generar las condiciones para la inversión privada.
Pero el verdadero monopolio significa que en el mercado hay solo una empresa, lo que no sucede en el caso del Perú (salvo los monopolios estatales, como ya lo he mencionado), en el que hay grupos de empresas que dominan ciertos mercados, a la manera de oligopolios. Y si bien el abuso de estas posiciones dominantes o la concertación entre ellas, puede generar distorsiones de precio, de cantidades producidas y, por ende, afectar a los consumidores, ello no necesariamente es así, pues dependerá de otros factores, como las barreras de entrada de otros competidores al mercado, para disminuir el poder de mercado de estas grandes empresas.
Entonces, en el Perú lo que se necesita es una legislación que supervise de manera adecuada (eficiente) y oportuna, que una empresa se convierta en un monopolio o que, actuando de manera concentrada (los llamados “carteles”), persiga tener mayor poder o cuota de mercado para manipularlo en su beneficio. Y también para supervisar a aquellas grandes empresas que busquen concentrar su poder de mercado uniéndose a otras empresas fusionándose con estas, como sí ha sucedido en el país, por ejemplo, en el caso de las farmacéuticas.
Estas leyes sí existen, y son las siguientes:
- Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobada por Decreto Legislativo 1034: que prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas como el abuso de posiciones dominantes o monopólicas y las prácticas colusorias (cárteles o concertaciones entre empresas) con el fin de preservas la competencia en beneficio de los consumidores.
- Ley Nº 31112, “Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial”, así como su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 039-2021-PCM, emitidos durante el anterior gobierno y vigentes desde el 10 de junio del 2021: que establece la facultad del Estado de realizar un control previo y un procedimiento de aprobación de las operaciones de concentración empresarial (fusiones y adquisiciones de empresas) y la supervisión por parte del Estado, de las condiciones y requisitos establecidos.
Más le valdría al gobierno dotar de mayores capacidades y recursos al Indecopi, entidad que se viene encargando de la labor de supervisar el cumplimiento de las citadas normas ya existentes, buscando personal idóneo para tal propósito, en vez de hacer creer a la población que son necesarias nuevas leyes para generar bienestar al ciudadano, cuando lo que hace falta es cumplir las que ya existen.
(*) Abogada. Mg. en Gestión Publica. Directora legal de la Asociación de Contribuyentes del Perú
